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C U L T U R A
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¡EL MOVIMIENTO SOCIAL PANAMEÑO EN LA RED!

La denuncia de la compra de los votos para la ratificación de los "Magistrados" Spadafora y Cigarruista, seguido del denominado escándalo de los "Afudólares", dejo al descubierto, ante el pueblo, la corrupción imperante en todos los órganos del estado. Hay que recordar, al respecto, que en la CSJ permanece el "Magistrado" Faúndes, acusado de prácticas corruptas con narcotraficantes y en tráfico de influencias, quien no pudo ser condenado porque los legisladores de "El Pacto de la Pintada" lo "absolvieron". Ni qué decir de un órgano ejecutivo que en todas las encuestas aparece señalado como corrupto, y que nos despierta cada día con un nuevo escándalo de corrupción. En cuanto al órgano legislativo, su descrédito es de tal magnitud que, apoyado en ello, el ejecutivo amenaza, día si, día no, con clausurarlo, claro está, en su propio favor. Se configura así una situación de descrédito popular respecto a los tres órganos del estado.



Ante los hechos, la rabia y el descontento se ha apoderado del pueblo, incluidas las capas medias, las cuales están exigiendo abiertamente, a través de todos los medios de comunicación, juicio y castigo inmediato a los culpables. El rechazo popular a la corrupción política y gubernamental ha llegado hasta la exigencia pública generalizada de exigir la renuncia de los "Magistrados" ratificados, la suspención de la entrada en vigor del Contrato del CEMIS, el levantamiento de la inmunidad legislativa, e incluso se ha producido el rechazo de la utilización, en estas circunstancias, del Fondo Fiduciario, ya que ¿ cómo poner a los identificados ratones a cuidar el queso, que pertenece a todos los panameños y panameñas?



La credibilidad ha sido fracturada de tal manera que, en esta ocasión, el pueblo se percata perfectamente de las torpes maniobras del gobierno por desvirtuar la ira y el rechazo popular. La apresurada y oportunista ratificación de la llamada "Ley de Transparencia" ( escondida hasta hoy, pues iba ha ser vetada por la Presidenta ), no da satisfacción a ninguna de las exigencias actuales del pueblo, y así lo ha puesto de manifiesto que el rechazo continúa sin bajar su tono. El nombramiento de una Comisión Nacional Anticorrupción, integrada por ellos mismos, ha sido vivida como una burla y una bofetada, denunciada incluso por editoriales de todos los medios de comunicación, excepto, claro está, por el pasquín en que ha convertido el gobierno a la "Estrella de Panamá".



Por su parte, los medios empresariales se han visto obligados, ante la gravedad de la situación, a lanzar una "Cruzada engaña bobos", que nació tan muerta como la Comisión Gubernamental, en razón de la carencia de objetivos concretos, y que no tienen otro propósito que impedir que el pueblo salga a la calle, tal como lo han manifestado sus máximos dirigentes. Los gremios empresariales tienen las manos atadas por su participación y silencio en las quiebras fraudulentas de Adelag (50 millones), Disa ( quizá más de 50 millones), Estrella Mar y Banaico, entre otras. Como también están atados frente a la posibilidad que las investigaciones arrojen luz sobre su participación como corruptores en los grandes negociados que hacen con el gobierno.



Es importante señalar que la política neoliberal de privatizaciones y concesiones, impuesta al pueblo por las organizaciones financieras internacionales, con el beneplácito y complacencia de los gobiernos de turno, constituye por sí misma un perverso acto de corrupción, al entregar empresas estatales rentables, como el IRHE, el INTEL y los puertos, así como otras de importancia para la vida y la salud ( IDAAN), a la voracidad de las empresas transnacionales.



La verdadera y única preocupación del gobierno, los empresarios y las direcciones de sus partidos políticos, es la de impedir a toda costa que esta grave crisis se exprese a través de movilizaciones en la calle, pues ello los obligaría a realizar concesiones en el sentido de las exigencias del pueblo.



La actual crisis, aunque profunda, sólo se resolverá a favor del pueblo si ese mismo pueblo sale a la calle a impulsar sus reivindicaciones, que hoy por hoy expresan un consenso nacional. Por ello, la tarea central del momento es la agitación constante de las reivindicaciones movilizadoras del pueblo y de las capas medias. Impulsando la movilización por las actuales demandas de la población, abriremos un proceso de lucha al calor del cual podremos llevar a amplias capas del pueblo a enfrentar las consecuencias empobrecedoras de la política neoliberal.



Una nueva manifestación debe ser convocada y preparada mediante volantes en el transporte público, pancartas en lugares visibles, participación en todos los medios de comunicación, asambleas barriales, etc., y debe ser abierta a todo el pueblo, unido tras las consignas que expresan hoy el consenso nacional.



II- Las reivindicaciones:



1. Renuncia de los Magistrados Spadafora y Cigarruista



Estos dos Magistrados están deslegitimados completamente. Tanto los medios de comunicación social como sectores importantes de la sociedad están solicitando la renuncia de los mismos. En el conjunto de la sociedad existe la percepción de que la ratificación fue lograda mediante presiones y chantajes a la Asamblea, y que los votos de los tres legisladores del PRD, que hicieron posible su ratificación, fueron comprados.



Reinvindicar su renuncia inmediata responde a lo que espera y comprende el pueblo en su conjunto. Su permanencia en la CSJ vicia todas sus actuaciones. Su renuncia abriría las puertas para impulsar la aprobación de una Ley que, en desarrollo de la Constitución Nacional, democratice la elección de los Magistrados de la CSJ.



Por todo lo anterior, esta consigna es movilizadora y concreta. Le permite a la gente salir a luchar por un objetivo concreto, compartido por la gran mayoría y posible de lograr.



2. Renuncia colectiva a la inmunidad legislativa



Existe ira contenida contra el conjunto de la Asamblea Legislativa. El bochornoso espectáculo de Afú, ha transformado la percepción de corrupción legislativa en certeza sin dudas de que el conjunto de la Asamblea Legislativa opera corruptamente.



La renuncia voluntaria a su inmunidad por parte de varios legisladores, indica el camino ha profundizar. Hay que exigir que todos renuncien a su inmunidad y luego hay que impulsar que dicha renuncia sea por todo el período para el que fueron electos. ¿ Qué es lo que esconden que se escudan tras la inmunidad? El pueblo se movilizaría por esta reivindicación que comprende, apoya y es concreta y posible de lograr en el actual clima político.

3. Suspensión de la entrada en vigor del Contrato del CEMIS



Todos comprenden que si hay corruptos existen corruptores. ¿Quién pago los sobornos del Contrato del CEMIS? A nadie le queda la menor duda que los directivos del CEMIS son los corruptores. Se debe exigir que se suspendan inmediatamente sus efectos legales. Por otra parte, hay que denunciar que el Contrato del CEMIS, incluso tal como está, luego de las reformas que se le hicieron, constituye un verdadero robo al Estado panameño. Un examen detallado de esta transacción de altos personeros del gobierno, en sociedad con los Rodín, dejaría claro que se trata del mayor negociado después del Tratado del Canal de 1903. Como mínimo, debe exigirse que se deje sin efectos hasta una nueva revisión.



El pueblo comprende perfectamente esta situación, sectores importantes de la sociedad lo están pidiendo, es una consigna concreta y movilizadora, y posible de lograr en la actual situación.



4. No al robo del Fondo Fiduciario



En medio del presente escándalo de corrupción generalizada, ¿quién puede creerse que el Fondo Fiduciario no será robado? Este es el mejor momento para impedir que se roben el Fondo. El gobierno tiene preparado el Proyecto de Ley que posibilita la utilización del Fondo Fiduciario, destinando 1.100 millones para el pago de la deuda externa, y miserables 100 millones para obras de infraestructura. Hay que exigir que mientras duren las investigaciones y no se esclarezca todo, el Fondo no será tocado por nadie.



Es una reivindicación entendida, apoyada y conseguible, que debe ser exigida en todos los foros y manifestaciones. Si intentan presentar el Proyecto de Ley a la Asamblea, hay que realizar todas las acciones necesarias para impedir que los "legisladrones" sancionen el robo del Fondo Fiduciario. Si intentan la utilización del Fondo para obras de infraestructura, hay que exigir que una comisión del pueblo administre la inversión, puesto que se trata de dineros producto de la privatización de empresas propiedad del pueblo, y, por lo tanto, los únicos con derecho a decidir sobre su destino serían sus verdaderos dueños: el pueblo panameño. Sólo bajo la administración de una Comisión Nacional de Fiscalización Popular, que incluya a los representantes más firmes y decididos de los luchadores sociales, podemos permitir que se utilice en un Plan de Desarrollo Nacional de obras de infraestructura, generadoras de empleo directo y que de satisfacción a indiscutibles necesidades sociales. ¡ Ni uno sólo de nuestros dólares para pagar la deuda externa!, despilfarrada y en gran parte robada entre todo ellos.

5. Abajo el alza del pasaje



¿Quiénes se beneficiaron con el alza del pasaje, pese a la negativa del pueblo puesta de manifiesto el pasado 9 de mayo? Bajo éstas consideración hay que unir las reivindicaciones políticas con esta reivindicación social, sentida por todo el pueblo. Es una consigna movilizadora, pues el conjunto del pueblo la siente como suya. Además, el pueblo ha vivido en carne propia la experiencia de la burla y la estafa de la supuesta mejoría del transporte.

6. Derogación de las leyes de privatización aprobadas por la Asamblea corrupta



La desacreditada Asamblea que ratifico por dinero a Spadafora y Cigarruista, y aprobó la estafa nacional de CEMIS, gracias a los sobornos pagado a todos los legisladores, no se diferencia en nada de la Asamblea corrupta que aprobó las leyes privatizadoras que han permitido la triplicación de las tarifas telefónicas, el aumento desvergonzado de la luz y la reciente ley privatizadora del IDAAN. El pueblo sabe que cada día es estafado por esas transnacionales monopólicas, y ahora sabe a cambio de qué y cómo fueron aprobadas dichas leyes privatizadoras.

7. Por una Comisión Popular e Independiente Anticorrupción

La Comisión Anticorrupción nombrada por la Presidenta es una burla y una estafa al pueblo panameño, por las siguientes razones:



A) Todos sus miembros son parte del gobierno: a) Aura Emérita de Villalaz tiene una hija que es viceministra del Ministerio de Obras Públicas y uno de sus hijos es Secretario General del Seguro Social; b) Tomás Herrera pertenece al bufete de Mario Galindo, quien es uno de los principales asesores de la presidenta; c) Carlos Iván Zuñiga es el jurista que tuvo la desfachatez de defender públicamente que los Magistrados Spadafora y Cigarruista podían tomar posesión sin ser ratificados por la Asamblea; d) Héctor Montemayor es el Rector reeleccionista, que se mantiene en su cargo a punta de amenazas y recortes de las libertades dentro de la Tecnológica; e) y el quinto designado, José Javier Rivera, es miembro del Partido Liberal, partido que forma parte de la alianza gubernamental, y es Vicepresidente de la Cámara de Comercio, la misma que calló cuando el grupo Adelag realizó una quiebra fraudulenta de 50 millones de dólares.



B) Por otra parte, con un descaro inaudito, Carlos Iván Zuñiga declaró, en las escalinatas de la Procuraduría, que "la Comisión tiene por único objetivo realizar un diagnóstico de la estructura de la corrupción en la sociedad panameña, que será presentado dentro de 30 días".



C) La comisión nació muerta y hay que enterrarla, por lo que no podemos legitimarla incorporándonos a la misma. Por el contrario, hay que nombrar una Comisión Popular contra la Corrupción, que tenga el respaldo de sectores populares y las capas medias, tanto por su integración como por su elección: debe ser electa, mediante votación a mano alzada, en el mitin que cierra la movilización del miércoles. Sus funciones serían las siguientes:



n Recabar información ante todos los organismos y entidades públicas ( apoyándose en la Ley de Transparencia) sobre las investigaciones y los hechos.

n Informar al pueblo, mediante comunicado emitido cada 48 horas, sobre el desarrollo de los acontecimientos.

n Divulgar las reivindicaciones sentidas por el pueblo.

n Denunciar todo intento de evitar que haya juicio y castigo a los culpables.



Esta Comisión deberá conquistar autoridad moral frente a nuestro pueblo, recomendando un sinnúmero de medidas anticorrupción, tales como: eliminación de los altos salarios devengados por un número cada vez más amplio de encumbrados funcionarios; eliminación de los elevadísimos salarios y canongías con que se benefician los legisladores, ministros y directores de entidades autónomas, etc. Deberá denunciar el sinnúmero de casos de corrupción ya señalados y cuyos expedientes no se terminan nunca.

Esta Comisión deberá ser la voz de nuestro pueblo frente al silencio y la mentira de las instituciones que deberían rendir cuentas al pueblo. En definitiva, es una oportunidad de oro para que el pueblo haga la experiencia de su propio poder y capacidad de poner en pie organismos independientes que respondan única y exclusivamente al clamor ciudadano.



¡ FUERA LOS MAGISTRADOS DEL MALETINAZO¡

¡NINGUNA INMUNIDAD PARA LOS LEGISLADRONES !

¡ CARCEL PARA TODAS Y TODOS LOS CORRUPTOS !

¡ SUSPENSIÓN DE LA ESTAFA DEL CEMIS !

¡ NO AL ROBO DEL FONDO FIDUCIARIO !

¡ ABAJO LAS PRIVATIZACIONES DE LA CORRUPTA ASAMBLEA !

Documento de Analisis del Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberania